Hizo una presentación en la Justicia en la que asegura que impedir el llamado a licitación o la ejecución de obras implicaría la "paralización" de la administración del complejo. Y eso produciría "una grave afectación al interés público".
El Gobierno bonaerense pidió a la Justicia que rechace la medida cautelar presentada por la Municipalidad para que se ordene la prohibición de innovar y se impida el llamado a licitación, la adjudicación y la ejecución de obras en el complejo Punta Mogotes.
En una presentación de la Fiscalía de Estado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, señaló que, de ser concedida la medida, significaría la paralización de la actividad de la Administración de Punta Mogotes, lo que produciría “una grave afectación al interés público”.
La Provincia recordó que las concesiones de los balnearios vencen entre fines de junio y septiembre. Impedir el llamado a licitación generaría “un perjuicio concreto e irreparable sobre los actuales concesionarios que, frente a la medida pretendida, (se) verían impedidos de planificar la temporada turística 2026/2027, sin contar con la certeza sobre el título habilitante que ampara su actividad”.
El funcionamiento del complejo, marcó el Gobierno provincial, “requiere de una debida antelación y planificación, contratación de personal, adquisición de insumos, realización de obras de mantenimiento y la obtención de habilitaciones, lo que resultaría inviable e impracticable en el contexto de incertidumbre sobre la continuidad contractual de los concesionarios”.
“El objeto pretendido cautelarmente importaría en este contexto, lisa y llanamente, paralizar la actividad de los balnearios en un contexto complejo, generando una situación irregular de vacío legal sobre las unidades de explotación con impacto directo en la temporada de verano, el empleo y la actividad turística”, agregó.
La Provincia cuestionó además la consignación de los $ 14 millones que hizo el municipio para el pago de la deuda por Mogotes. “Está controvertida, es objeto de un proceso judicial pendiente de sentencia y la Provincia y la APM la han resistido expresamente. Una condición resolutoria no se tiene por cumplida mientras haya una controversia judicial sobre la validez del acto que supuestamente la satisface”, indicó.
Recordó que la deuda no es de la Municipalidad sino de la APM, un organismo interjurisdiccional conformado en un 70% por la Provincia y en un 30% por la Municipalidad, y que desde 1997 está vigente un cronograma de pago en cuotas, con su correspondiente régimen de intereses y componentes financieros aplicables.
El objetivo del municipio, en cambio, es impedir la licitación de los balnearios “hasta tanto se produzca la restitución del bien al patrimonio municipal”.
En su presentación, puntualizó que, en la conferencia de prensa del 11 de mayo, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, comunicó la decisión de restituir el complejo al municipio tras el proceso licitatorio y la realización de obras. “Este municipio nunca tuvo la menor duda de que el complejo Punta Mogotes era y es de los marplatenses”, señaló la comuna.
En esa conferencia de prensa, Costa invitó al municipio a trabajar en conjunto en los pliegos licitatorios. El municipio rechazó el convite. “Lo que pomposamente titulan los medios de comunicación es apenas el 10% de lo anunciado por el ministro Costa, que enmascaró casi a la perfección la única finalidad que persigue el Estado provincial, que es la de perpetuarse en una ocupación que sus propios funcionarios reconocieron expresamente que es indebida”, consideró el municipio.